La segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete se jugará el miércoles 10 de junio, después de que el Comité de Competición de la RFEF haya tenido acceso a la resolución del TAD (Tribunal Administrativo del Deporte) mediante la cual se desestima el recurso presentado por el Rayo Vallecano en lo relativo al “caso zozulya”.
De este modo, el Comité de Apelación resolvió, con fecha 7 de febrero de 2020, aplicar diversas sanciones al Rayo Vallecano: sanción de 18.000 euros, clausura parcial de algunas gradas del estadio por dos partidos y que la segunda parte del Rayo-Albacete se juegue a puerta cerrada. Con ello, los dos siguientes encuentros en el estadio de Vallecas, ante Huesca y Elche, se jugarían sin público en el fondo del Estadio.
El Rayo Vallecano, de la mano de su presidente, recurrió esa decisión ante el TAD, quien concedió la cautelar para tener tiempo para estudiar las alegaciones formuladas por el equipo franjirrojo. En dicha resolución 39/2020 con fecha 14 de febrero, el TAD estimó conceder parcialmente la cautelar, pero solo en lo que al cierre del estadio y a la disputa de la segunda parte del Rayo-Albacete se refiere. El TAD no concedió en aquel momento la cautelar en el pago de la multa de 18.000 euros, por lo que el Rayo Vallecano ha tenido que hacer frente a esa cantidad, según dicta la propia resolución del TAD.
A fecha 3 de junio de 2020, el TAD ha decidido, según informa la RFEF y como era previsible tras la pandemia de Covid-19, desestimar el recurso presentado por el Rayo Vallecano. Por ello, el Comité de Competición ha formulado un acuerdo para la nueva fecha de la segunda mitad entre Rayo y Albacete.
Con todo ello, parece que la aventura judicial acabará con esta última resolución ya que las nuevas medidas sanitarias de la Liga pasan por jugar los partidos a puerta cerrada, al menos durante las primeras jornadas, por lo que no afectaría a los intereses del conjunto de Vallecas que sí o sí tendrá que disputar, al menos, sus primeros partidos como local sin público, “cumpliendo” de manera forzada y obligada la sanción dictaminada por los tribunales.