Sobre el panorama financiero se avecina un sorprendente giro de los acontecimientos. El Gobierno español ha anunciado posibles cambios significativos en la normativa sobre tarjetas de crédito en 2024. Este tema, sin duda, suscita inquietudes y debates entre los ciudadanos.
Las medidas propuestas, supuestamente destinadas a combatir la evasión fiscal, no han generado más que debates sobre la invasión de privacidad y la transparencia financiera.
A continuación te contamos todos los detalles sobre estos cambios propuestos y sus posibles implicaciones.
Hacienda se plantea supervisar todas las tarjetas de crédito en España
Hacienda estudia implantar medidas para supervisar todas las tarjetas de crédito en España. ¿El pretexto?, luchar contra el fraude fiscal.
Esta iniciativa forma parte del informe final de evaluación de la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal 2021, que el Gobierno español ha presentado recientemente a Bruselas como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se exponen los compromisos necesarios a cambio de fondos europeos.
Esta propuesta significaría obligar a las entidades financieras a informar de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluidas las de crédito, débito, prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtual para compras online y otras formas de tarjetas en cualquier denominación y divisa.
Las posibles consecuencias de estos cambios inesperados en las tarjetas de crédito
La perspectiva de tales medidas plantea interrogantes sobre qué alcance realmente tendría la intrusión de Hacienda en las actividades financieras cotidianas de los ciudadanos.
Aunque las transacciones exactas que Hacienda pretende rastrear siguen siendo inciertas, los expertos advierten una intrusión excesiva en la privacidad individual.
Actualmente, y como es sabido, las entidades financieras facilitan información periódica a Hacienda, incluidos datos generales como saldos medios, e información específica a petición.
Sin embargo, se especula que es posible que Hacienda exija información periódica, aunque no detallada, sobre las transacciones realizadas con tarjetas de crédito para evitar posibles impugnaciones judiciales basadas en cuestiones de privacidad.
Normativa vigente y los cambios propuestos en las tarjetas de crédito
En la actualidad, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria obliga a informar sobre las cuentas bancarias y las transacciones que superen determinados umbrales. Esto incluye declaraciones anuales sobre saldos de cuentas e identificación de titulares de cuentas. Además, la normativa contempla la obligación de informar sobre préstamos, movimientos de efectivo y transacciones realizadas a través de tarjetas de crédito o débito.
La modificación propuesta pretende ampliar el ámbito de esta declaración, abarcando todos los tipos de tarjetas y endureciendo la normativa vigente. Que, asimismo, incluye a las entidades de dinero electrónico y de pago.
Según declaraciones desde el Gobierno, lo que se pretende es aumentar la transparencia y combatir eficazmente el fraude fiscal.
Implicaciones para los ciudadanos y las entidades financieras de los cambios inesperados en las tarjetas de crédito en 2024
España cuenta actualmente con un número considerable de tarjetas de crédito y débito. Estamos hablando de millones en circulación. En caso de que estos cambios propuestos entraran en vigor, las instituciones financieras se enfrentarían a una mayor obligación de informar, absolutamente todo, a Hacienda.
Sin duda, esto podría afectar potencialmente a la privacidad y los hábitos financieros de los particulares, así como imponer cargas administrativas adicionales a los bancos y otras entidades financieras.
Consideraciones finales
Los cambios propuestos en la normativa sobre tarjetas de crédito según alegan desde el Gobierno, constituye una postura proactiva en la lucha contra la evasión fiscal.
Sin embargo, las posibles ramificaciones, incluidas las preocupaciones relativas a la violación de la privacidad y las complejidades administrativas para las instituciones financieras, justifican un examen exhaustivo de dichas modificaciones y un debate público.