El Gobierno ha presentado un nuevo plan que permitirá a ciertos trabajadores jubilarse a los 62 años. Esta medida, que podría beneficiar a trabajadores de profesiones con mayor penosidad por edad, está siendo considerada como una de las principales reformas en marcha por el Ministerio de Seguridad Social.
La propuesta busca establecer un marco para la admisión de nuevas profesiones de riesgo y alta penosidad que permitan una jubilación anticipada mejorada. Esto implicaría que los trabajadores afectados podrían jubilarse hasta tres años antes de la edad de retiro anticipado ordinaria, que se situaría en los 65 años una vez finalizado el proceso de aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, según lo establecido en la reforma del sistema de 2011.
Beneficios y desventajas de la jubilación anticipada
La iniciativa ha generado un debate considerable, con opiniones divididas sobre sus implicaciones y beneficios. Por un lado, se destaca la necesidad de reconocer y compensar la penosidad de ciertas profesiones, mientras que por otro lado, existen preocupaciones sobre la equidad y la viabilidad financiera del sistema de pensiones.
El sistema propuesto establece criterios comunes para la admisión de nuevas profesiones, sin discriminar ningún sector, y requiere que estas profesiones estén reguladas por un convenio colectivo sectorial y que al menos el 85% de las plantillas cuenten con contratos indefinidos.
Que empleos se verán beneficiados
La determinación de qué profesiones calificarán para la jubilación anticipada se basará en indicadores objetivos que evaluarán la penosidad y el riesgo asociado a cada puesto de trabajo. Se considerarán factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o los fallecimientos relacionados con el trabajo.
Se espera que esta medida beneficie a trabajadores de sectores como la construcción, la minería, la sanidad y otros que impliquen condiciones laborales exigentes y un alto desgaste físico y mental. Sin embargo, aún quedan detalles por definir, como los procedimientos específicos para la determinación de la penosidad y la implementación de los coeficientes que permitirán el adelanto de la jubilación.
El proyecto de real decreto está siendo objeto de análisis y debate en el diálogo social, con la participación de representantes del Gobierno, los sindicatos y los empleadores. Se espera que en los próximos meses se produzcan avances significativos en la definición y aprobación de esta medida, que podría tener un impacto significativo en el sistema de pensiones y en las condiciones laborales de miles de trabajadores en España.
Jubilación más complicada
Este debate se está llevando a cabo en un panorama social donde, en líneas generales, el Gobierno está dificultando el acceso a la jubilación a la mayoría de trabajadores. Se observa un endurecimiento en las condiciones de la jubilación parcial con contratos de relevo, así como una mayor penalización en el retiro temprano del sector industrial. Desde el Gobierno se propone reducir las pensiones mediante coeficientes reductores por adelanto, además de modificar el cálculo de la base reguladora. Además, sugiere retrasar el acceso a esta modalidad de retiro a los 62 años en lugar de los 61.
Aunque estos retiros anticipados ayudan a rejuvenecer las plantillas, generan un costo adicional para el Estado al disminuir la fuerza laboral antes de tiempo y aumentar los pagos de pensiones. De hecho, el Estado pierde alrededor de 1.200 millones de euros anuales debido a las cotizaciones que dejan de percibir los trabajadores al retirarse prematuramente.
Por lo tanto, el aumento en el costo del retiro anticipado para prolongar la vida laboral resulta apropiado en un contexto de desequilibrios en la Seguridad Social. Sin embargo, este ahorro no será suficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, especialmente con el incremento del gasto por el retiro de la generación del baby boom y medidas como la indexación de los aumentos salariales al IPC.