La propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de reformar la jubilación parcial anticipada ha generado un intenso debate en el ámbito sindical y empresarial.
La posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, aunque valorada por los sindicatos y aceptada por las empresas, se ve amenazada por la reticencia de la Administración, que teme los costes que podría suponer esta modalidad de jubilación.
La propuesta presentada en la mesa de diálogo social ha recibido críticas por parte de los sindicatos, que consideran que supone un recorte de derechos.
Cambios en la jubilación parcial
La reforma planteada por el Gobierno incluye cambios significativos en la jubilación parcial anticipada, especialmente en el sector manufacturero con contrato relevo. Entre las modificaciones propuestas se encuentra la reducción a tres años del máximo para adelantar la jubilación respecto a la edad legal, en lugar de los cuatro años actuales. Además, se limita la reducción de jornada a un máximo del 50% en caso de anticipación de 36 meses, se aplican coeficientes reductores de cuantía y no se recalcula la pensión una vez el trabajador accede a la jubilación plena.
Estas medidas, junto con la exigencia de que la empresa disponga del 85% de contratos indefinidos, hacen más difícil y menos atractiva la opción de la jubilación parcial anticipada. Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional de UGT, expresó que la propuesta es una pérdida de oportunidad para el rejuvenecimiento de las plantillas y una salida flexible del mercado laboral. Por su parte, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CC.OO., señaló que la propuesta no está en los términos de un posible acuerdo y que disminuye los derechos de acceso a la regulación.
En cuanto a la jubilación parcial anticipada en sectores distintos al manufacturero, se mantienen los dos años de adelanto máximo sobre la edad legal de jubilación, con algunos cambios en las condiciones de acceso.
Cambios en la jubilación activa
Además de las reformas en la jubilación parcial anticipada, el Gobierno propone modificaciones para la jubilación activa, con el objetivo de incentivar la prolongación de la carrera laboral después de la edad ordinaria de jubilación. Se establece un aumento progresivo del porcentaje de pensión que se cobrará mientras se continúe trabajando. Según la propuesta, tras un año de demora se percibirá un 30% de la pensión, aumentando progresivamente hasta alcanzar el 100% después de cinco años.
La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido estas medidas como una forma de garantizar un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión que preserve la calidad del empleo de los relevistas y equilibre el coste para el sistema. Sin embargo, las propuestas del Gobierno han generado un intenso debate entre los distintos actores sociales.
Los sindicatos y empresarios se encuentran en desacuerdo con varios aspectos de la propuesta gubernamental. Consideran que las reformas planteadas limitarán el acceso a la jubilación parcial anticipada y dificultarán la situación de los trabajadores que deseen acogerse a esta modalidad de jubilación. Además, critican que las medidas propuestas no tienen en cuenta las necesidades y demandas de los trabajadores, y no contribuyen a garantizar una transición justa y equitativa hacia la jubilación.
Por otro lado, algunos expertos han señalado que las reformas propuestas podrían tener un impacto negativo en la economía y el mercado laboral. Argumentan que limitar el acceso a la jubilación parcial anticipada podría aumentar la presión sobre el sistema de pensiones y dificultar la contratación de nuevos trabajadores, especialmente en sectores con dificultades para encontrar personal cualificado.
Ante la controversia generada por la propuesta del Gobierno, se espera que las negociaciones continúen en las próximas semanas en busca de un acuerdo que concilie los intereses de trabajadores, empresarios y Administración. La jubilación parcial anticipada es un tema de gran relevancia en el ámbito laboral y social, y cualquier reforma en este sentido debe ser cuidadosamente analizada y debatida para garantizar que responda a las necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto.