Desde el mes de febrero de 2025, las empresas eléctricas enfrentarán nuevas responsabilidades frente a Hacienda, que ampliará sus requerimientos de información. En este sentido, estarán obligadas a proporcionar datos sobre dos categorías específicas de clientes: aquellos beneficiarios del bono social y aquellos que hayan optado por alguna forma de autoconsumo eléctrico, como la energía solar fotovoltaica.
El propósito principal de esta medida es detectar posibles alquileres no declarados o actividades económicas ocultas que podrían estar relacionadas con estos clientes vulnerables o con aquellos que generan su propia energía. Desde 2011, las compañías eléctricas ya están obligadas a presentar ciertos datos de sus clientes al fisco, como nombres, identificaciones fiscales, detalles de la propiedad, potencia y consumo de energía, entre otros.
Nueva orden de Hacienda
El Ministerio de Hacienda está actualmente elaborando una nueva Orden Ministerial que incluirá la obligación de informar si un cliente es beneficiario del bono social o si participa en alguna modalidad de autoconsumo eléctrico. Se espera que esta orden sea aprobada durante el presente año, lo que implicaría que las empresas eléctricas tendrían que comenzar a informar sobre estos dos casos específicos a partir de febrero de 2025.
Esta iniciativa busca mejorar la transparencia y la fiscalización en el sector eléctrico, así como garantizar una mayor equidad y cumplimiento normativo.
Quién puede solicitar el bono social
El Bono Social representa un esfuerzo gubernamental para asegurar que la electricidad, un servicio básico, esté al alcance de todos los ciudadanos, especialmente aquellos con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad. Esta ayuda económica, financiada con fondos públicos, se aplica directamente en la factura eléctrica, aliviando el costo para quienes más lo necesitan.
Para acceder al Bono Social de la Luz, el titular del contrato eléctrico debe cumplir con dos requisitos esenciales: tener un contrato de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) o Tarifa Regulada en su vivienda, y formar parte de un grupo con ingresos limitados. La solicitud se realiza a través de la empresa comercializadora, usualmente completando un formulario con información personal y proporcionando documentos que respalden la situación del solicitante.
Los criterios para ser elegible para el Bono Social de la Luz son similares a los del Bono Social Térmico, centrándose en la situación familiar y económica del solicitante. Entre los grupos considerados vulnerables se encuentran las familias numerosas, los pensionistas con ingresos anuales no superiores a 500 euros por persona y las unidades familiares cuyos ingresos totales no excedan ciertos umbrales, determinados en función del número de menores a cargo.
Además, el bono está disponible para personas en situación de vulnerabilidad severa. Esto incluye a familias numerosas con ingresos anuales hasta 2 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o pensionistas con ingresos mínimos y una renta anual inferior a 1 vez el IPREM. Aquellos en riesgo de exclusión social también pueden solicitar el bono, siempre y cuando cumplan con los requisitos anteriores y puedan acreditar su situación mediante un certificado municipal.
El Bono Social de la Luz representa un importante mecanismo de apoyo para garantizar la equidad en el acceso a la electricidad. Al aliviar la carga financiera de aquellos con menos recursos, se promueve la inclusión y se asegura que ningún individuo se vea privado de este servicio esencial debido a limitaciones económicas.
Por tanto, las nuevas obligaciones impuestas a las empresas eléctricas a partir de febrero de 2025 por el Ministerio de Hacienda, destinadas a informar sobre los clientes beneficiarios del bono social y aquellos que practican el autoconsumo eléctrico, tienen como objetivo primordial fortalecer la transparencia y la fiscalización en el sector eléctrico.
Esta medida busca no solo detectar posibles irregularidades fiscales, como alquileres no declarados o actividades económicas ocultas, sino también garantizar una mayor equidad y cumplimiento normativo. Además, el Bono Social de la Luz, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad económica, representa un importante instrumento para asegurar el acceso equitativo a la electricidad, aliviando la carga financiera de aquellos con menos recursos y promoviendo la inclusión social en el acceso a servicios esenciales.